La Iglesia Evangélica gitana quería habilitar un bajo en el barrio de Cabanyal, donde la política municipal de obras es muy restrictiva.
12 DE FEBRERO DE 2012, VALENCIA
En el barrio de Cabanyal sigue paralizándose e impidiendo la construcción y reforma de muchos de sus edificios. Las últimas denegaciones correspondieron a la petición de un particular y de la Iglesia Evangélica Filadelfia, que había solicitado la licencia de obra para habilitar adecuadamente un bajo para celebrar sus reuniones.
En este sentido, el concejal del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Valencia Vicent Sarrià expresó su decepción. “La alcaldesa de Valencia persiste en mantener la incertidumbre sobre el futuro del barrio”, dijo Sarrià, que recuerda que a finales de diciembre se concedió una licencia de obras y parecía que había un cambio de rumbo en la política municipal.
El edil socialista calificó estas últimas suspensiones como una “interpretación errónea y malintencionada del Partido Popular” de la ejecución del Pepri (Plan Especial de Protección y Reforma Interior) del Cabanyal.
“Si hace apenas unas semanas nos felicitábamos de que el equipo de gobierno hubiera vuelto a dar licencias para la rehabilitación integral de un edificio y esperábamos que esto hubiera significado un cambio de rumbo, ahora constatamos que no ha sido así”, aseguró el concejal.
El edil también reclamó a la alcaldesa Rita Barberá que deje “de utilizar a los vecinos y vecinas como rehenes” y “avance en la dirección del diálogo que haga posible la rehabilitación y revitalización del barrio” porque “los perjudicados son los ciudadanos que no pueden permitirse desembolsar la suma de dinero necesaria para solicitar la licencia de obra sin saber si el día de mañana Barberá otorgará o no las licencia”.
La oposición insiste en que sí que pueden concederse licencias de aquellas actuaciones que no alteren la actual trama urbana. En todo caso, la instrucción está vigente desde abril de 2010, cuando se paralizó por completo la ejecución del plan, al admitir el Tribunal Constitucional el recurso del Gobierno contra la modificación de Bien de Interés Cultural promovida por la Generalitat.
La alcaldesa Barberá anunció la pasada semana que ya se trabaja con el Gobierno en la reanudación de las obras, para lo que es necesario que se retire el recurso de inconstitucionalidad. Este trámite no es sencillo debido a que hay que evitar defectos formales que puedan servir para nuevos recursos de la plataforma vecinal opositora de las obras, comentan fuentes cercanas al gobierno municipal.
En este sentido, el concejal del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Valencia Vicent Sarrià expresó su decepción. “La alcaldesa de Valencia persiste en mantener la incertidumbre sobre el futuro del barrio”, dijo Sarrià, que recuerda que a finales de diciembre se concedió una licencia de obras y parecía que había un cambio de rumbo en la política municipal.
El edil socialista calificó estas últimas suspensiones como una “interpretación errónea y malintencionada del Partido Popular” de la ejecución del Pepri (Plan Especial de Protección y Reforma Interior) del Cabanyal.
“Si hace apenas unas semanas nos felicitábamos de que el equipo de gobierno hubiera vuelto a dar licencias para la rehabilitación integral de un edificio y esperábamos que esto hubiera significado un cambio de rumbo, ahora constatamos que no ha sido así”, aseguró el concejal.
El edil también reclamó a la alcaldesa Rita Barberá que deje “de utilizar a los vecinos y vecinas como rehenes” y “avance en la dirección del diálogo que haga posible la rehabilitación y revitalización del barrio” porque “los perjudicados son los ciudadanos que no pueden permitirse desembolsar la suma de dinero necesaria para solicitar la licencia de obra sin saber si el día de mañana Barberá otorgará o no las licencia”.
La oposición insiste en que sí que pueden concederse licencias de aquellas actuaciones que no alteren la actual trama urbana. En todo caso, la instrucción está vigente desde abril de 2010, cuando se paralizó por completo la ejecución del plan, al admitir el Tribunal Constitucional el recurso del Gobierno contra la modificación de Bien de Interés Cultural promovida por la Generalitat.
La alcaldesa Barberá anunció la pasada semana que ya se trabaja con el Gobierno en la reanudación de las obras, para lo que es necesario que se retire el recurso de inconstitucionalidad. Este trámite no es sencillo debido a que hay que evitar defectos formales que puedan servir para nuevos recursos de la plataforma vecinal opositora de las obras, comentan fuentes cercanas al gobierno municipal.
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